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No cesan asesinatos y amenazas a activistas de DDHH en Colombia

No cesan asesinatos y amenazas a activistas de DDHH en Colombia

El líder indígena Edwin Mauricio Capaz se pone todos los días un chaleco antibalas antes de subirse a un auto blindado provisto por el Gobierno para viajar por una conflictiva región montañosa de Colombia que él llama su tierra ancestral.

A sus 34 años le preocupa que pueda unirse a la lista de cientos de activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes de las FARC asesinados desde que se firmó un acuerdo de paz en 2016, muchos de ellos por luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal o por la restitución de tierras.

Capaz, dirigente indígena del departamento del Cauca, ha recibido varias amenazas de muerte en panfletos de diferentes grupos armados ilegales desde 2014. “Quienes trabajamos en estos temas de derechos humanos en defensa de aspiraciones colectivas, en una zona como el norte del Cauca, si no nos han amenazado tenemos toda la certeza de que algún día vamos a ser amenazados o incluso algún día nuestra vida puede correr riesgo”, dijo a la agencia de noticias Reuters.

La mayoría de los cientos de activistas asesinados en los últimos años han sido atacados en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Chocó, Córdoba y Norte de Santander, regiones montañosas y selváticas con extensos cultivos de hoja de coca, claves para el narcotráfico y la minería ilegal.

En esas zonas, como en otras de Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y bandas criminales

como el Clan del Golfo y Los Pelusos, libran una guerra por el control territorial y las economías ilegales de las que obtienen millonarios ingresos, según fuentes de seguridad.

Grupos de derechos humanos aseguran que los activistas promueven la erradicación de los cultivos de hoja de coca, defienden el medio ambiente y se oponen a la presencia de grupos armados en sus territorios, por lo que están en la mira.

Las amenazas y asesinatos de activistas se han convertido en un problema para el presidente Iván Duque ante la comunidad internacional, pese a que el mandatario asegura que se han reducido desde que asumió el poder hace más de un año.

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